Artículo de opinión escrito por Ángel García-Lascurain Valero, Vicepresidente Nacional de Coparmex y Presidente del Consejo Consultivo Nacional del IMEF vía @ElFinanciero_Mx
Nuestra economía queda más vulnerable ante cualquier shock interno o externo, lo que de ocurrir podría provocar una crisis fiscal.
La Secretaría de Hacienda entregó recientemente al Congreso de la Unión los “Pre-Criterios 2025″. En este documento se presentan aspectos relevantes del marco macroeconómico y de los objetivos de finanzas públicas para el cierre de 2024 y para el año próximo, dando así inicio al proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2025. Este procedimiento se repite cada año, en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
No obstante, en esta ocasión el contenido de los Pre-Criterios reviste una especial importancia, ya que muestra una situación de mayor vulnerabilidad de las finanzas públicas y reduce de manera importante el margen de maniobra presupuestaria de la próxima administración.
El presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados para el 2024 incluyó ingresos inferiores a los aprobados para el año previo y anticipó un crecimiento real en el gasto. Se propuso financiar esa diferencia con un mayor endeudamiento y con un aumento del déficit presupuestario de 3.3 y 4.9% del PIB, el más alto en 34 años. En los Pre-Criterios 2025 se indica que el desequilibrio será aún mayor. Los requerimientos financieros del sector público, que mide las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, pasarán de 4.3% a 5.9% del PIB y la deuda pública crecerá aún más de lo que se aprobó en el presupuesto. Es un año electoral y de cierre de sexenio, pero históricamente sabemos en México que los altos déficits suelen ir acompañados de presiones inflacionarias, generan riesgos de salida de capitales y de aumento en las tasas de interés. Nuestra economía queda más vulnerable ante cualquier shock interno o externo, lo que en caso de ocurrir podría provocar una crisis fiscal en la primera parte del próximo sexenio.
En esta situación delicada, el próximo gobierno también tendrá que enfrentar compromisos de gasto social y el impacto del creciente deterioro financiero de Pemex, que reducirán aún más la disponibilidad de recursos para impulsar el desarrollo. Adicionalmente, la presión del gasto pensionario será creciente y el impacto de las reformas propuestas por el presidente se daría en un entorno de un muy reducido espacio fiscal. El escenario podría complicarse si una escalada de las tensiones en Medio Oriente deriva en un aumento sostenido de los precios del petróleo, las presiones inflacionarias y las tasas de interés, así como la aversión al riesgo de los inversionistas.
Ello ocurre en un momento especialmente importante, en el cual la economía de México tiene una oportunidad histórica para atraer volúmenes cuantiosos de inversión internacional por el nearshoring y generar un círculo virtuoso que permita impulsar de forma decidida y sostenida el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo. Pero ello requiere del desarrollo de infraestructura básica como carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua y saneamiento, que son fundamentales para el crecimiento económico y también para el bienestar social. Adicionalmente, se deberán destinar recursos a programas de educación, salud, seguridad, vivienda y protección social para mejorar los niveles de vida y reducir la desigualdad.
En las campañas de las candidatas y el candidato a la Presidencia, en los debates y en la difusión de propuestas se presentan visiones alternativas de país, se exponen los objetivos y resultados esperados, se habla de impulsar el desarrollo, pero prácticamente no se mencionan alternativas para financiarlo. Un plan estratégico de financiamiento del desarrollo debe ser integral y adaptado a las necesidades específicas y condiciones del país. En su integración deben analizarse, seleccionarse y diversificarse las fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. Ello debe incluir ingresos fiscales, la participación del sector privado, el impulso a la inversión extranjera directa, la cooperación internacional, entre otros.
Ante la precariedad fiscal gubernamental, el desarrollo de políticas fiscales sólidas que equilibren la generación de ingresos con la necesidad de promover la inversión y el crecimiento económico será fundamental. Esto puede implicar reformas impositivas y regulatorias que impulsen la inversión con visión de largo plazo, luchar contra la evasión fiscal y de manera especial mejorar la eficiencia del gasto público y aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Deberá incluir también la implementación de políticas que fomenten la inversión privada y el emprendimiento, creando un entorno propicio para la generación de empleo, el desarrollo de los negocios y la innovación.
La integración de los recursos necesarios para maximizar el desempeño de la economía y financiar el desarrollo inclusivo no podrán lograrse sin la participación del sector privado, nacional y extranjero. Se requerirá de una cercana colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la academia. Esto podría incluir la creación de mesas de trabajo, consejos consultivos o alianzas público-privadas para identificar oportunidades y abordar desafíos comunes. La alternativa de financiar el desarrollo a través de un déficit elevado y de un endeudamiento mayor, comprometería gravemente el futuro de nuestra economía y nuestra capacidad de desarrollo. Simplemente, no es una ruta aceptable.
