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Artículo de Opinión escrito por Miguel Ángel Moreno , Consejero Delegado de Economía Circular de COPARMEX | Vía: @ElIndpendiente X: @m_morenohdez
La promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) representa uno de los cambios más relevantes de la política ambiental mexicana de los últimos años, al establecer un marco jurídico que incorpora la responsabilidad extendida del productor, la trazabilidad de los residuos y mecanismos de circularidad como instrumentos indispensables para avanzar hacia la sostenibilidad en el país. Sin embargo, la aprobación de la Ley es apenas el punto de partida: su éxito dependerá de un Reglamento técnica, económica y ambientalmente viable, que ofrezca seguridad jurídica y, al mismo tiempo, evite cargas administrativas innecesarias para los sujetos regulados.
Un reto fundamental para la eficacia de este Reglamento será la homologación normativa. Existe el riesgo de que su implementación sea dispersa si no se alinean sus definiciones con las previstas en los ordenamientos preexistentes en materia de residuos. Por ello, será indispensable reforzar la necesaria interconexión entre la legislación ambiental y garantizar una aplicación coherente del nuevo marco regulatorio.
Por su parte, la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), a través de los Acuerdos Generales de Implementación, requerirá el compromiso de todos los sectores productivos y del Gobierno Federal para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley General. Para ello, la operatividad técnica deberá sustentarse en métricas realistas que consideren adecuadamente las particularidades logísticas, técnicas y económicas de cada sector, en un contexto en el que la infraestructura disponible varía significativamente entre regiones.
Desde COPARMEX celebramos que la Ley General de Economía Circular fomente el reciclaje inclusivo, al atender un compromiso social pendiente durante años y responder al Eje Social de nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo. En este sentido, uno de los desafíos cruciales del Reglamento será incorporar mecanismos viables que reconozcan y fortalezcan a este sector social mediante instrumentos administrativos enmarcados en las leyes existentes, al tiempo que brinden certeza económica a todos los sectores involucrados.
Es imperativo construir un instrumento que fomente el cumplimiento de los objetivos ambientales del país sin mermar la certeza jurídica; que incentive la innovación; que armonice la actuación de los tres órdenes de gobierno; y que incorpore la experiencia de la academia, la industria, las organizaciones sociales y los organismos internacionales.
La transición hacia una economía circular requiere un proceso de colaboración estratégica en el que el consumidor y la ciudadanía también desempeñarán un papel central. Estamos convencidos de que, a través de la corresponsabilidad, la LGEC puede pasar de ser una declaración de buenas intenciones a convertirse en una reforma capaz de generar bienestar nacional en los años venideros.
Por esta razón, desde COPARMEX Nacional hemos refrendado nuestro compromiso de participar activamente en la construcción de esta regulación, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por la maestra Alicia Bárcena Ibarra. Celebramos que la Política Nacional de Economía Circular sea una prioridad para la presente administración y contribuiremos a que sus beneficios tengan un despliegue local, de la mano de los empresarios de México.
