- La iniciativa de reforma al artículo 19 de la CPEUM que amplía el catálogo de delitos sujetos a PPO como la defraudación fiscal y la extorsión, representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
- Incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de PPO y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, pudiendo usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifiesta su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). Esta propuesta, presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del Presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros. Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.
Desde COPARMEX, expresamos nuestra preocupación por el impacto potencial de esta reforma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la PPO, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia. En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
El incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura. Además, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.
Consideramos que esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto. Reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático.
COPARMEX se compromete a seguir analizando en profundidad el impacto de esta reforma. Convocaremos a expertos en derecho penal y constitucional para realizar un análisis integral de la reforma a la PPO, el cual será presentado al Senado de la República para su reflexión previa a la discusión en el Pleno.
