Artículo de opinión escrito por Gerardo Trejo Veytia, Secretario General de Coparmex vía: @El_Universal_Mx
X: @gerardo_trejo_v

La palabra “democracia” proviene del griego antiguo, donde “demos” significa “pueblo” y “kratos” se traduce como “poder” o “gobierno”. Hoy, lamentablemente, observamos con preocupación como, en ciertas regiones de nuestro país, la verdadera autoridad parece estar en manos de la delincuencia organizada.

El cobro de piso es un ejemplo palpable de esta problemática. Este delito consiste en que los delincuentes exigen pagos regulares a pequeños comerciantes y empresarios a cambio de “protección” para permitirles trabajar. Este tipo de extorsión está creciendo de manera alarmante en varias ciudades de México, mientras las autoridades legítimas parecen mirar hacia otro lado.

Cada pago exigido representa una historia de intimidación, coerción y violencia que paraliza a los emprendedores y debilita el tejido social de nuestra nación. Muchos negocios, incapaces de hacer frente a estas extorsiones, se ven obligados a cerrar, afectando, no sólo a los propietarios, sino también a los empleados y a la economía local en su conjunto.

Lo más preocupante es que el cobro de piso no es un fenómeno aislado, está arraigado en una red de corrupción y complicidad que alcanza altas esferas del poder. Algunos delincuentes cuentan con la protección y complicidad de funcionarios públicos corruptos, quienes, en lugar de proteger a los ciudadanos, se benefician de su explotación.

Combatir el cobro de piso requiere una respuesta coordinada por parte del Estado y la sociedad civil. Es crucial fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden para investigar y procesar a los responsables de estas extorsiones.

Otro ejemplo alarmante es el aumento del robo de mercancías en tránsito en varias carreteras del país. Diariamente, camiones completos desaparecen en su trayecto por algunas regiones del país, inclusive, hay una zona conocida como “el triángulo de las bermudas”, comprendida entre los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

México se encuentra en medio de un proceso electoral crucial, en el que la democracia misma está en juego. Lamentablemente, este proceso ha estado marcado por la violencia y la tragedia. Varios candidatos han sido asesinados, evidenciando la peligrosa fusión entre el crimen organizado y la política. Según el periódico El Universal, este proceso electoral ya es el más violento de la historia moderna, con 386 incidentes de violencia política desde septiembre de 2023 hasta el 21 de abril pasado. De acuerdo a un estudio de Integralia elaborado con información oficial y reportes de los partidos políticos, ubica a 15 entidades en riesgo alto y muy alto de sufrir intervención del crimen en sus elecciones. Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos se identifican con riesgo muy alto, con 80% de su territorio disputado o controlado por el crimen organizado.

Si permitimos que el control del crimen organizado avance y que intervengan en el resultado de las elecciones, México podría convertirse en una “delincuencracia”,

donde los delincuentes detenten el poder y las funciones del Gobierno. Esto nos llevaría, inevitablemente, a un estado fallido.

Combatir la delincuencia requiere un enfoque integral que aborde las causas políticas y criminales del problema. Es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y promover una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. Además, se deben implementar medidas efectivas para desarticular las redes criminales y privarlas de su capacidad para corromper y controlar el sistema político.

La estrategia gubernamental conocida como “abrazos no balazos” ha generado controversia y escepticismo. En lugar de priorizar el uso legítimo de la fuerza para combatir el crimen organizado, esta estrategia propone un enfoque basado en la reconciliación y la atención social, relegando la aplicación de la ley a un segundo plano.

La premisa de “abrazos no balazos” sugiere que la violencia puede ser combatida, principalmente, a través de programas de inclusión social y desarrollo comunitario, en lugar de medidas punitivas y coercitivas. Si bien, es cierto que abordar las causas subyacentes del crimen es fundamental, esta estrategia ha sido criticada por enviar un mensaje de debilidad e impunidad a los grupos delictivos.

Al adoptar un enfoque de “abrazos”, el gobierno corre el riesgo de ser percibido como complaciente o incluso cómplice de los criminales, minando así la confianza pública en su capacidad para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho.

En última instancia, la estrategia “abrazos no balazos” plantea interrogantes sobre el papel del Estado en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos y la seguridad de sus ciudadanos. Es imperativo que el Gobierno adopte una postura clara y decidida en la defensa de los valores de justicia, integridad y seguridad. Sin seguridad no hay democracia, ni prosperidad, ni bienestar posible. Exigimos que el gobierno cumpla con su principal responsabilidad: garantizar la seguridad de los ciudadanos. #OpiniónCoparmex