Artículo de Opinión escrito por Gustavo Almaraz Petrie Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex| Vía: SinEmbargo.mx
“Es fundamental que las instituciones encargadas de impartir justicia cuenten con los recursos y la capacitación necesarios”.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió un paquete de reformas al Senado con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, ampliar los derechos de las mujeres y asegurar una vida libre de violencia. Si bien el anuncio de estas reformas representa un paso importante, es necesario reflexionar sobre la relevancia de que las políticas públicas no solo existan en el papel, sino que tengan un impacto real en la vida de las mujeres.
Las iniciativas abordan temas como la eliminación de la brecha salarial por razones de género, la paridad en los nombramientos de titulares en la administración pública y la creación de fiscalías especializadas para investigar delitos por razones de género. Sin duda, estos temas son indispensables de atender e implicarían avances cruciales, pero es imperativo que su implementación sea efectiva y que las propuestas no se queden en buenas intenciones.
Uno de los aspectos más destacados es la eliminación de la brecha salarial de género, un problema que sigue afectando a millones de mujeres en México. La desigualdad salarial no solo afecta el bienestar económico de las mujeres, sino que perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión que limita su capacidad de crecimiento profesional y personal. La propuesta de la presidenta establece que la ley debe implementar mecanismos claros para erradicar esta brecha. Sin embargo, es fundamental que las reformas se acompañen de medidas tangibles, como sanciones para las empresas que mantengan políticas salariales discriminatorias y programas de educación y concientización que sensibilicen a las instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la equidad salarial.
En materia de paridad de género, se busca que los nombramientos de titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal, así como en sus equivalentes a nivel estatal y municipal, cumplan con dicho principio. Si bien México ha logrado avances significativos en este aspecto, la lucha por la igualdad en los altos mandos del sector público aún enfrenta numerosos desafíos. Para que esta iniciativa sea realmente efectiva, es crucial que se combata la discriminación estructural que impide a las mujeres acceder a posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Esto implica no solo cumplir con las cuotas de género, sino también crear condiciones equitativas que permitan a las mujeres competir en igualdad de circunstancias, como el acceso a redes de mentoría, capacitación continua y políticas de conciliación laboral y familiar.
Otro tema que atrajo gran atención es la creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos por razones de género. En un país donde la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, es fundamental que las instituciones encargadas de impartir justicia cuenten con los recursos y la capacitación necesarios para atender estos casos de manera eficiente y con perspectiva de género.
La violencia de género en el país es una crisis que requiere atención urgente. Las fiscalías especializadas deben ser una pieza clave en la lucha contra la impunidad, brindando protección y justicia a las víctimas. Sin embargo, para que esta medida tenga un impacto real, las autoridades deben invertir en la capacitación del personal y en la creación de protocolos adecuados que garanticen la atención integral a las víctimas.
En un país donde la violencia y la desigualdad de género siguen siendo una realidad cotidiana, es urgente que las propuestas legislativas no solo busquen cumplir con los estándares internacionales o apaciguar a la opinión pública, sino que verdaderamente mejoren la vida de las mujeres en el día a día. El reto es enorme, pero no imposible. Impulsar iniciativas que tengan un impacto real requiere un enfoque integral, donde las políticas se diseñen y ejecuten de manera coordinada, se supervisen con rigor y se ajusten según sea necesario para responder a los cambios en el contexto social y económico.
Además, es crucial que se garantice la participación de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo, sin duda, al sector privado, cuyo compromiso en la materia resulta indispensable para poder convertir los objetivos en realidad. Solo a través de un enfoque inclusivo y participativo se logrará un verdadero avance hacia la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para todas las mujeres.
En resumen, las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal son un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la voluntad política para implementarlas de manera efectiva y del compromiso de todos los sectores de la sociedad para asegurar que estas reformas se traduzcan en beneficios tangibles para las mujeres de México. #OpiniónCoparmex
